La Asamblea Nacional aprobó este martes 20 de octubre de 2026, en Quito, una reforma contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Los 144 legisladores presentes respaldaron el proyecto en segundo debate.
El texto contempla penas de entre 30 y 35 años de prisión cuando la trata provoque la muerte de la víctima. También incorpora el matrimonio forzoso y la unión de hecho forzada como delitos autónomos.
En protección a las víctimas, establece atención médica y asistencia legal inmediata sin exigir que participen en el proceso penal. Para los casos que involucren a menores de edad, elimina el requisito de demostrar amenazas, fuerza o engaño para configurar la trata.
La propuesta responde, entre otros antecedentes, a la sentencia constitucional del caso Furukawa. Será remitida al Ejecutivo para su revisión; la aprobación legislativa todavía no implica que los cambios estén vigentes.
